Mario E. Fumero

 No se puede hablar de un gobierno con justicia social, sea de izquierda o de derecha, cuando la mayor parte de su presupuesto se emplea en una burocracia improductiva y en gastos superfluos, ignorando la esencia más importante dentro de la sociedad, como es la salud, educación y servicios sociales básicos como es el agua y la energía, la cual debe de ser igual para todos los ciudadanos sean ricos o pobres ya que según la constitución no hay excepción de persona.

 Es un deber del Estado regular su presupuesto con justicia social. El mismo debe ser equitativo según las necesidades de la mayoría. Considero que todas las entidades del estado, o privadas, que tiene como fin ayudar a los necesitados, no debe invertir más del 50 al 60% en el pago de personal, para dedicar entre el 40 al 50% de su presupuesto en beneficio de la sociedad, mediante la asistencia sanitaria, la educación, la facilidad del transporte para los pobres, y los servicios básicos de energía y agua a fin de que llegue a todos por igual. Cuando una ONG de ayuda a los marginados gasta más en burocracia que el servicio social para lo cual fue creada, automáticamente no tiene razón de ser.

Se rompe la justicia social cuándo hay empleados que ganan 20 o 30% veces más el salario mínimo, que la mayoría de los demás empleados, lo que establece una desigualdad social que refleja la no existencia de una equidad, ni un socialismo verdadero, dentro de la sociedad. Es por ello que el apóstol Pablo expresó en una de sus epístolas el principio de la solidaridad, la cual consiste “en que la abundancia de unos, supla la escasez de otros, para que haya igualdad” (2 Corintios 8:14).

Cuando hablamos de socialismo democrático, hablamos de un modelo de gobierno, que, sin restringir las libertades, protege a la mayoría pobre, la cual tiene el mismo derecho que las clases privilegiadas, en cuanto al acceso a la educación, la salud y la alimentación. Si tomamos los modelos de los países socialista democrático de la Europa occidental, como por ejemplo Noruega, notamos que todos los ciudadanos desde que nacen, hasta que mueren, sean de la clase pobre, media o rica, gozan de los mismos beneficios en cuanto a las necesidades básicas. Por ejemplo, el transporte es manejado por el Estado, y establece preferencia para los menores que estudian, los ancianos y clase humilde. No puede haber un estado de igualdad, si no existe por parte del Estado una distribución equitativa de los recursos que percibe en los impuestos. para beneficiar a de la mayoría, no de creando una 

burocracia estatal que como ocurre en América latina, se chupa todo el presupuesto de la nación.

¿Será esté el modelo que algunos desean establecer en América latina? Si así fuera, le decimos bienvenido, porque para que haya justicia social, no hay que anular la libertad de expresión, ni todos los demás derechos ciudadanos establecidos en la Constitución, sino que tenemos que usar todo el presupuesto del Estado en enfrentar las necesidades básicas de la población más necesitada, y el que más gana, que más aporte al erario público, pero eso sí, que lo que recaudemos se invierta en el beneficio de las clases más desposeídas. No me cabe en la cabeza que más del 90% del presupuesto de la nación se gasta en burocracia, mientras que la pobre gente se muere en los centros hospitalarios porque no tienen los médicos los recursos para atenderlo y darles las medicinas necesarias para mejorar su salud. Si queremos un estado verdaderamente socialista, socialicemos los recursos para invertirlos en el beneficio del pueblo, y no en engordar una burocracia política innecesaria, en medio de una miseria galopante.

marioeduardofumero@gmail.com 

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