Mario E. Fumero
Se está discutiendo la necesidad de qué los gobiernos tengan un sistema de justicia tributaria acorde, no sólo a la necesidad del Estado, sino ajustada a las utilidades de las empresas, que muchas veces evaden pagar impuestos, y gozan de muchas exoneraciones.
El tema de la justicia fiscal tributaria es muy amplio y controversial en algunos aspectos. No podemos negar que la empresa privada muchas veces explota al trabajador, y no tratar de dar un salario justo y digno, así como el pagar al Estado un impuesto correcto, pero también hay actitudes de los gobiernos que no son justas y correctas a la hora de usar esos impuestos que sirven para engordar la burocracia y no dar asistencia a los necesitados.
¿Cómo resolveremos la injusticia fiscal en cuanto a las empresas privadas con relación a sus trabajadores? Lo justo sería que además de un salario digno, las empresas privadas estuvieran dispuesta a compartir parte de sus ganancias con los empleados, para así motivarlos a una mayor producción, pero de la misma forma, los empleados deberían de estar dispuesto a sacrificarse en algunos de sus derechos laborales, cuando la empresa entra en crisis, y sus ganancias disminuye teniendo pérdidas sustanciosas. Lo justo sería que, si la empresa tiene grandes dividendos, comparta algo de sus ganancias con sus trabajadores, pero si la empresa le va mal, comparta su crisis con sus trabajadores. Y claro está, si comparte utilidad con los trabajadores, pagaría menos impuestos de sus ganancias al estado, y habría una mejor justicia laboral.
Respecto al pago de impuestos de las empresas privadas al Estado, es justo, que igual que todos los ciudadanos, paguen sus impuestos correctamente, en proporción a las utilidades, y tengan los mismos derechos de exoneraciones tanto las empresas nacionales como extranjeras. También sería justo que el Estado cuando recibe impuestos fiscales de las empresas, y de la población, emplee esos recursos para el beneficio de todos los ciudadanos, y no para sostener y engordar una burocracia improductiva, que trata de satisfacer un estado supernumerario, dentro de un estadio deficitario.
Los impuestos que pagan todos los ciudadanos deben invertirse principalmente en tres áreas prioritarias, como son la educación, la salud y la comunicación. Cuando hablo de comunicación, me refiero a las carreteras y al hecho de que existan, dentro del Estado y las Alcaldía, un transporte público financiado por el Estado a bajo costo. Todos sabemos que en los países prósperos de Norteamérica y Europa el transporte público lo maneja, ya sea la ciudad o el estado, pues con él se ayuda a la población, tanto a los estudiantes, como trabajadora y personas de la tercera edad a poder movilizarse a bajo costo, sin que haya un abuso, como ocurre cuando es manejado por grupos privados, que muchas veces no les dan mantenimiento a sus vehículos, y no exonera del pago a la tercera edad, ni a los estudiantes.
La pregunta que hago es ¿Cuánto debe invertir el estado en la burocracia?, por lógica, no debería de ser más del 40% del PIB (producto interior bruto) a fin de qué el otro 60% sea usado en el desarrollo social de la población. Por lo tanto, es necesario que la empresa privada productiva sea solidaria y que pague impuesto justo, como todos los ciudadanos, pero de la misma forma, es necesaria una política de Estado coherente y de austeridad, porque al fin al cabo, la justicia social debe establecer el principio de la distribución equitativa de la riquezas, para evitar dos hechos fundamentales en la sociedad moderna; la explotación del hombre por el hombre, y el capitalismo brutal, que desencadena en miseria pobreza y violencia social.
Unidos Contra la Apostasía 