Por Mario E. Fumero

Son pocos los países en el mundo donde el Estado, a través del gobierno de turno, interviene y financia las elecciones internas de los partidos políticos. Según tengo entendido, en América Latina los países que financian estos procesos de selección de candidatos son Argentina, México, Uruguay, Costa Rica y Brasil. En el resto de los países, cada partido es responsable de organizar y costear sus elecciones internas sin intervención estatal.

Es por ello que lo ocurrido en las recientes elecciones internas afecta la credibilidad del Estado, especialmente cuando se presentan fallas en el proceso que podrían ser normales, como las que han salido a la luz últimamente, y las cuales terminan politizandose y afectando incluso la credibilidad de las fuerzas de seguridad del Estado, que son responsables de garantizar la seguridad de las urnas.

Creo firmemente que la selección de candidatos para las elecciones generales es una responsabilidad exclusiva de cada partido político. Por lo tanto, los partidos deben financiar y ejecutar sus elecciones internas sin que el Estado tenga que intervenir. Es su deber establecer los mecanismos adecuados para elegir a los representantes que competirán en los comicios generales, sin depender del financiamiento gubernamental para sus campañas preelectorales.

La única responsabilidad del Estado en las elecciones primarias debería ser garantizar el cumplimiento de las normas electorales vigentes y supervisar que los fondos utilizados no provengan de fuentes ilícitas. ¿A qué me refiero con fuentes ilícitas? A que la financiación no provenga de grupos de poder económico o del crimen organizado, como los carteles de la droga, cuyos intereses podrían influir en la elección de candidatos afines a sus propósitos. Toda propaganda política debería financiarse con recursos propios de los partidos, sin interferencia de grupos económicos dominantes. En todo caso, podría considerarse un financiamiento público proporcional al número de miembros registrados en cada partido.

Los recientes acontecimientos en las elecciones internas han demostrado que cuando el Estado financia y ejecuta estos procesos, se generan dudas sobre su imparcialidad y eficiencia. Por ello, el gobierno no debería ni financiar, ni apoyar, ni asumir la responsabilidad de las elecciones internas de los partidos. Cada organización política debe autofinanciarse y organizar su propio proceso de selección de candidatos, ya sea mediante una asamblea general de sus miembros, la participación de delegados regionales o un sistema de votación interna.

Sería conveniente tomar como referencia la democracia en Estados Unidos y Europa, donde cada partido organiza su propio congreso para elegir, mediante un proceso interno transparente, a los candidatos que representarán a la colectividad en las elecciones generales. Este modelo evita suspicacias sobre posibles manipulaciones estatales en la selección de aspirantes a cargos públicos, ya sea para la presidencia, alcaldías o diputaciones.

Lo ocurrido en estas elecciones internas debe servir como un llamado de atención para reformular los procedimientos de selección de candidatos y consolidar la autonomía de los partidos políticos. La responsabilidad del financiamiento y ejecución de estos procesos debe recaer en los partidos y no en el Estado.

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