Mario E. Fumero
La gran pregunta que nos hacemos es: ¿por qué en Honduras se ha vuelto rutinario que grupos disconformes opten por tomarse las calles, avenidas y puentes, bloqueando la libre circulación y causando daños, tanto a la economía, como a las personas que necesitan trasladarse a su trabajo? ¿De dónde surge esta cultura de protesta?
Sería oportuno realizar un análisis sociológico para comprender de dónde provino esta absurda idea de apropiarse de las calles para reclamar derechos, práctica que se ha popularizado en los últimos años. Todos sabemos que la Constitución de la República, en su Artículo 81, establece:
“Toda persona tiene derecho a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional. Nadie puede ser obligado a mudar de domicilio o residencia, sino en los casos especiales y con los requisitos que la Ley señala”.
Sin embargo, este y muchos otros artículos se violan descaradamente ante el beneplácito de las autoridades, que guardan silencio.
Es necesario que el Estado garantice el derecho a la libre circulación. No obstante, este derecho es uno de los más violentados, pues por cualquier reclamo —por insignificante que sea— un pequeño grupo logra impedir el paso de vehículos, creando un anarquismo vial que afecta a miles de personas y golpea la ya frágil economía nacional.
Las tomas de calles, avenidas y puentes generan daños irreparables, especialmente a quienes dependen de la puntualidad para llegar al trabajo diario y poder sobrevivir. En la actualidad, nadie tiene la certeza de que, al salir de su casa, podrá llegar a lugar de destino. Se han registrado casos de personas que han sido despedidos de su trabajo por no llegar puntualmente, debido a estas protestas. Asimismo, miles de vendedores dependen de sus ventas diarias para alimentar a sus familias, y cuando estas son interrumpidas por las tomas, el hambre y la crisis se agudizan en sus hogares.
Mientras tanto, el Estado permanece indiferente ante este desorden, sin aplicar sanciones a los responsables, ni garantizar el orden público, lo que convierte estas prácticas en una costumbre que fortalece la anarquía social. Ello genera enormes daños a la economía nacional y pone en riesgo la estabilidad misma del gobierno. Algunos consideran la actuación de las fuerzas del orden como “represión”, pero en realidad se trata de cumplir con los postulados de la Constitución, y de proteger el derecho del ciudadano común a llegar a tiempo a su trabajo y de impedir que los alimentos perecederos se pierdan, lo cual repercute en la escasez y el alza de los precios.
Ciertamente, todos tenemos el derecho a protestar y denunciar abusos del Estado o de cualquier empresa. Sin embargo, el ejercicio de este derecho no debe afectar a toda la población, sino dirigirse directamente hacia el verdadero causante del problema. Es fundamental buscar métodos de reclamo coherentes, que no perjudiquen a inocentes, ni agraven la crisis económica que ya golpea al país.
Si el Estado no actúa con firmeza frente al exceso de protestas, muchas veces sin fundamentos sólidos, corremos el riesgo de vivir en un Estado anarquizado e ingobernable. Cuando el gobierno no hace cumplir la Constitución, lentamente pierde autoridad, prestigio y legitimidad.
Basta ya de vivir en una sociedad caótica. Debemos encontrar formas de reclamar nuestros derechos sin afectar a terceros, recordando siempre que mis reclamos no deben perjudicar a quienes nada tienen que ver con ellos. Por el bien de Honduras, cambiemos de estrategia y busquemos métodos más coherentes y eficaces de ejercer presión, sin destruir los derechos de los demás.
Unidos Contra la Apostasía 