Por Mario E. Fumero

Diversos sectores han manifestado preocupación ante recientes normativas publicadas en México, que permitirían a menores de edad, incluso desde los 10 años, acceder a anticonceptivos y a la píldora del día después sin necesidad del consentimiento o conocimiento de sus padres.

Según ha informado la organización Abogados Cristianos de México, estas disposiciones oficiales contemplarían la atención médica de niñas en situación de embarazo, incluyendo casos en los que exista sospecha de abuso sexual, sin que se requiera la notificación a sus tutores legales. La ley también establecería que los profesionales de la salud no estén obligados a investigar las causas del embarazo ni a activar protocolos judiciales en caso de sospechas de violencia.

Uno de los puntos que ha generado mayor debate es la posibilidad de sancionar a los médicos que se nieguen a aplicar tratamientos relacionados con la interrupción del embarazo. De acuerdo con estas críticas, las sanciones podrían incluir la revocación de licencias médicas, lo que, según algunas asociaciones profesionales y religiosas, vulneraría el derecho a la objeción de conciencia.

Estas medidas han sido interpretadas por ciertos sectores como parte de una agenda más amplia vinculada a la promoción de la llamada “ideología de género”, un concepto que ha generado controversia y distintos enfoques tanto políticos como sociales. Críticos de estas políticas sostienen que iniciativas similares se han implementado en otros países, como España, y han señalado a organismos internacionales como las Naciones Unidas por promover estos marcos normativos.

En el contexto estadounidense, durante la administración del expresidente Donald Trump, se promovieron políticas contrarias al tratamiento hormonal en menores y al financiamiento de procesos de cambio de sexo. Estas disposiciones fueron desafiadas judicialmente por sectores progresistas, generando un intenso debate legal y social. El argumento principal de la administración republicana era que el Estado no debía intervenir en decisiones médicas que, en su opinión, implicaban riesgos psicológicos y biológicos para los menores.

El tema continúa siendo objeto de controversia internacional. Mientras algunos gobiernos avanzan en la aprobación de leyes que amplían los derechos individuales en temas de identidad y salud reproductiva, otros sectores —particularmente religiosos y conservadores— alertan sobre lo que consideran una vulneración de los derechos parentales y el riesgo de que se debilite la figura de la familia como núcleo primario de protección del menor.

En este escenario, distintos actores sociales y religiosos llaman a la vigilancia y al debate informado sobre el alcance real de estas normativas y su impacto en la salud, la ética médica y los derechos de los padres.