UNA DENUNCIA PÚBLICA

Mario E. Fumero

Dentro de una sociedad de derechos y leyes, todos, incluyendo a los magistrados, deben vivir de acuerdo al ordenamiento jurídico, porque el poder que tiene un juez para imponer el orden legal, no lo hace superior ni, con derechos a abusar de este privilegio, que es el impartir justicia.

Sin embargo, existen magistrados que usando su poder para tratan de imponer sus criterios, y de coaccionar a los que no aceptan sus ordenanzas fuera del orden jurídico, y esto nos ha ocurrido en el trabajo que realizamos en el Proyecto Victoria. Para que entiendan mejor lo dicho, definiré que es el Proyecto Victoria. Es una comunicad terapéutica, cristiana, privada, sin fines de lucro y de carácter social  que trata de rescatar a adolecentes, jóvenes y adultos del mundo de las drogas, alcoholismo y maras para rehabilitarlos y capacitarlos hacia el futuro. Los que ingresan deben de hacerlo voluntariamente (pues es en régimen abierto) y deberán pasar por una evaluación medico-psiquiátrica y psicológica, la cual determinara si es apto para su ingreso. La política del trámite sigue un orden, en donde tratamos de detectar que el paciente no ingrese por la fuerza, que no tenga enfermedades infectocontagiosa, y que sea coherente para someterse a un programa de rehabilitación y aprendizaje que durara 6 meses. Solo se ingresan los martes y no se manejan más de 3 o 4 casos por semana, para darle una atención humanizada, por lo que a veces hay una lista de espera. Además debemos tener recursos para cubrir su atención.

Considerando lo expuesto, recientemente nos  ocurrió algo que nos ha molesto y denunciamos aquí. Una jueza llego al programa tratando de ingresar a un joven, pero la directora estaba en reunión. Las evaluaciones se hacen los lunes, pero la jueza quería que se le ingresara y atendiera ya. Entonces tomó al muchacho y lo llevo al Centro, por lo que no se le acepto, ya que no había seguido el procedimiento establecido. Entonces esa jueza hablo con la directora e indirectamente la amenazo, y envío una carta intimidatoria, en donde trataba de obligarnos a internar al muchacho bajo amenazando de hacernos un procedimiento judicial. Aunque no se le negó el ingreso al muchacho, él tenía que seguir las pautas establecidas, y nadie tiene derecho, por más influencia o poder que tenga en el mundo, a obligarnos a actuar contrario a lo establecido, ni usar su poder para imponernos pautas que rompan el orden  de la institución, ni el criterio del personal técnico.

Cuando una persona con influencia desea ingresar a un paciente, debe seguir lo establecido por el programa: A) Ser evaluado.  B) traer sus exámenes médicos. C) entrar en la lista de ingreso por turno. D) Ingresar el día señalado que es los martes en Tegucigalpa, previa autorización del equipo técnico y la directora. No aceptamos el tráfico de influencia, el soborno, el chantaje ni  las presiones. Se debe seguir el orden normal, dándole preferencia, en algunos casos, a los que proceden del interior, si están consientes de su deseo de rehabilitarse.

Lamentamos que esta juez haya ido a nosotros con prepotencia y amenazas por querer ingresar a un joven, rompiendo las normas. Ella, como todos los jueces deben ser los primero en respetar el orden establecido y no usar su poder de “meter preso a la gente” para chantajear, porque dice la Biblia: “que los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella; porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme; porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo”  Romanos 13:3-4.

Dejamos este comentario como denuncia  y hacemos un llamado al presidente de la Corte  Suprema de Justicia para que investigue estos hechos que avergüenzan al poder judicial.

 Email  mariofumero@hotmail.com