Mario E. Fumero

Durante este periodo electoral tan tenso que vivimos, me abstuve de escribir y de adoptar alguna posición crítica o analítica por dos razones: primero, por ser extranjero, y segundo, por ser pastor evangélico. Esto implica respetar el proceso electoral que pertenece a los hondureños y mantener una clara separación entre los mensajes políticos y la proclamación de la verdad del evangelio.

Sin embargo, en este escrito no comentaré la crisis existente. Mi propósito es exponer algunos problemas de fondo que, si se corrigen, podrían evitar que en un futuro inmediato se repitan las situaciones tensas que hoy experimentamos en las elecciones presidenciales.

La legitimidad del poder y el respaldo popular de cualquier gobierno elegido democráticamente descansa en la cantidad de votantes que respaldan al partido ganador en las urnas. Para afirmar que un gobierno cuenta con la mayoría, debería ser elegido al menos con un 51% de los votos. Solo así podemos hablar de un gobierno verdaderamente representativo, que obedece a la voluntad de la mayoría.

Todos sabemos que, en un sistema parlamentario o congresal —como el de Honduras—, para aprobar una ley o decreto se requiere una mayoría simple (más del 50%). En algunos casos especiales, se exige una mayoría calificada, que puede oscilar entre el 60% y el 75% de los miembros del Congreso Nacional.

Por esta razón, cuando existen muchos partidos políticos compitiendo en un proceso electoral y ninguno obtiene una mayoría simple, sería necesario que los dos partidos más votados participen en una segunda vuelta electoral. De esta manera, el país tendría un gobierno verdaderamente representativo, cumpliendo el principio democrático de “la mitad más uno”.

Es importante establecer un Estado con la separación de poderes y equilibrio democrático entre uno y otro. Este es un factor que fortalece a un Estado democrático, pues una correcta separación de poderes evita el flagelo del poder absoluto, con mecanismos de pesos y contrapesos. Debería considerarse, llegado el momento, que los miembros de la Corte Suprema de Justicia no sean nombrados únicamente por el Congreso, sino que sean electos mediante un proceso más democrático, transparente y libre de maniobras o convenios políticos. Solo así podremos tener una justicia independiente, que pueda sostener una democracia sólida.

Por otro lado, debemos aprender del pasado —y también del presente— para no repetir los mismos errores en el futuro. Esperamos que el nuevo gobierno y el Congreso electo revisen las leyes electorales y hagan los cambios necesarios para que lo ocurrido en este proceso no vuelva a suceder. Es preocupante que, en los últimos 20 años, Honduras haya tenido gobiernos electos con apenas un 30% o 35% de los votos. Lo ideal es que un presidente ejerza sus funciones con un respaldo superior al 51%, para poder afirmar, con fundamento sólidos, que realmente representa a la mayoría de la población.

También debemos promover una cultura electoral más consciente, en la que dejemos de votar en plancha, y aprendamos a elegir hombres y mujeres idóneos y capaces, sin importar a qué partido pertenecen o qué ideología representan. Lo más importante es que tengan principios y valores morales, y que vivan una vida recta, y que presenten propuestas lógicas y coherentes con la realidad del país. Solo así podremos tener un gobierno del pueblo y para el pueblo, que es el objetivo final de todo sistema democrático.