Mario E. Fumero
En el abordaje de la delincuencia juvenil y las estructuras criminales, la administración de justicia se enfrenta a una compleja dualidad procesal y humana al momento de capturar a jóvenes presuntamente vinculados a maras o pandillas.
Por un lado, existe la realidad del estigma visual: los tatuajes los identifican e imprimen una marca indeleble ante la sociedad y las autoridades. Sin embargo, se ignora con frecuencia una segunda realidad: la posibilidad fehaciente de la rehabilitación. Experiencias concretas, como la labor desarrollada durante décadas en Proyecto Victoria, demuestran que cientos de jóvenes que un día tomaron el camino de la delincuencia y marcaron su cuerpo, han logrado transformar verdaderamente sus vidas, constituyendo familias estables y desempeñándose como ciudadanos productivos. No obstante, conservan en su piel una marca que la sociedad suele juzgar como una condena perpetua.
Frente a este escenario surge el factor opuesto: la simulación procesal. Ante una inminente captura, existen integrantes de grupos delictivos que alegan falsamente haberse convertido al cristianismo o pertenecer a una congregación, instrumentalizando la fe como un escudo para evadir la responsabilidad penal por sus delitos. ¿Cómo resolver este dilema entre la verdadera restauración y la impunidad simulada?
El Estado requiere mecanismos de evaluación fundamentados en la investigación socio-conductual. Resulta conveniente y necesario crear una oficina o departamento especializado en peritaje de rehabilitación para estudiar de manera rigurosa cada caso donde se alegue inocencia por cambio de vida o conversión religiosa. La verificación de la autenticidad de un testimonio es técnicamente viable si se aplican tres criterios fundamentales:
- Auditoría e investigación congregacional: Constatar la existencia legal y la solvencia moral de la iglesia o institución a la que el individuo afirma asistir, verificando además su registro de permanencia, membresía y participación real en dicha comunidad.
- Evaluación socioambiental y laboral: Comprobar la fuente de ingresos del individuo, su estabilidad en un empleo legal o arte u oficio, así como la estructura y sustento de su hogar.
- Testimonio de la comunidad: Indagar con los vecinos y líderes locales sobre la conducta cotidiana del sujeto en su entorno inmediato.
El principio de discernimiento es claro y universal: «Por sus frutos los conoceréis». La transformación genuina deja huellas comprobables en la conducta diaria, en el trabajo y en la vida familiar; mientras que el oportunismo religioso se desmorona ante la falta de evidencia empírica. Una investigación estatal profunda evitaría que el estigma encarcele al rehabilitado y que la simulación proteja al delincuente. Para operativizar esta propuesta en el ámbito de la política pública o la reforma penal, el departamento o unidad de investigación podría estructurarse bajo los siguientes ejes operacionales:
- Unidad de Peritaje Socio-Conductual: Conformada por trabajadores sociales, psicólogos forenses e investigadores criminológicos independientes encargados de realizar las visitas de campo a las comunidades.
- Registro de Entidades de Rehabilitación y Fe: Un catálogo verificado de iglesias, ONGs y centros de restauración registrados ante el Estado, para evitar que estructuras delictivas utilicen «iglesias fachadas» para emitir cartas de recomendación falsas.
Y debemos incluir criterios Objetivos de Evaluación (Matriz de Frutos Sociales): Dimensión Laboral: Comprobantes de ingresos legítimos, constancias de empleo o trabajo independiente acreditado. Dimensión Familiar: Dependientes a cargo, residencia fija y estabilidad en el núcleo familiar. Dimensión Comunitaria: Ausencia de denuncias por extorsión, amenazas o incidentes violentos en el vecindario de residencia en los últimos años. Dimensión Psicológica y Prosocial: Indicadores de desvinculación total de la subcultura de pandillas (lenguaje, lealtades, redes de contacto).
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