Por Mario E. Fumero
Una de las principales fortalezas de un gobierno verdaderamente comprometido con su pueblo —ya sea bajo un sistema republicano o socialista— es garantizar el acceso a una atención de salud digna y una educación de calidad. Estos pilares deben ser los verdaderos baluartes de la democracia y la justicia social. Ambos servicios deben ser prioritarios y accesibles para todos, sin distinción de raza, género o clase social.
Sin embargo, la realidad de la salud pública en Honduras es desoladora. El sistema está en crisis, y lejos de mejorar, se agrava día con día. El personal médico y de enfermería, pilar fundamental del sistema, trabaja con recursos limitados, muchas veces “con las uñas”. A esto se suma la necesidad de realizar huelgas para reclamar derechos laborales básicos, lo cual afecta directamente a los pacientes más vulnerables: los enfermos pobres que acuden a hospitales y centros de salud públicos, muchas veces sintiéndose abandonados y expuestos a la muerte por falta de atención. Tristemente, la medicina ha pasado de ser un apostolado de servicio, a convertirse en un negocio lucrativo.
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