Juan Carlos Oyuela Pavón

Las deliberaciones en torno al nuevo Código Penal en el Congreso de la República y el debate sobre el aborto que se ha suscitado en los días recientes, abre el debate por las soluciones adecuadas a una problemática profunda. Los que proponen la legalización del aborto como una solución parecen no contemplar la triste experiencia de otros países que ya han recorrido este camino. En España, por ejemplo, desde que se aprobó el aborto, se han realizado casi dos millones cien mil abortos quirúrgicos. El aborto en ese país tuvo en los últimos años una evolución vertiginosa: según el informe “El aborto en España (1986–2013)” ha aumentado un 140 por ciento en los últimos veinte años. El aborto quirúrgico se ha convertido, junto a las enfermedades cardiovasculares, en la principal causa de mortalidad en ese país.

Los que defienden el aborto lo proponen como medio de garantizar la igualdad e independencia de las mujeres, como solución definitiva a diversos problemas: los de las madres solteras, los malos tratos a los niños y el aumento de la pobreza entre las mujeres. La triste verdad es que la despenalización del aborto, en todos los países donde se realizó, ha resultado ser un desastre para las mujeres, los niños y las familias.

En España, país de los juristas asesores del nuevo Código Penal, llevan más de treinta años de aborto prácticamente libre. Sin embargo, en el mismo periodo se ha extendido sin cesar la pobreza entre las mujeres y los niños. La insistencia de los partidarios del aborto libre en que sólo se debe dejar nacer a los “niños deseados” no ha servido para mejorar la tasa de mortalidad infantil, que sigue siendo una de las más altas de los países industrializados; tampoco ha ayudado a disminuir los casos de malos tratos a niños, que, por el contrario, se han hecho más frecuentes y graves.

El aborto no ha satisfecho ninguna verdadera necesidad de las mujeres, ni les ha devuelto la dignidad. De hecho, ha producido justamente lo contrario. Ha estimulado a los hombres irresponsables o rapaces, que tienen en el aborto una excusa fácil para eludir sus obligaciones, y ha extendido enormemente la explotación de las mujeres por parte de la industria del aborto. (…)

Los defensores del aborto agitan el fantasma del incremento de los abortos clandestinos, siempre que se intenta regular de algún modo la industria del aborto; pero la verdad es que treinta años de aborto no han eliminado esta tragedia. Todavía siguen muriendo o sufriendo graves lesiones mujeres y jóvenes a consecuencia de abortos legales.

Ahora sabemos lo que sucede cuando la sociedad hace de la eliminación de la vida no nacida una cuestión de “elección” personal. La planificación familiar responsable y de mutuo acuerdo se ha devaluado. Ya no es sólo que la mujer afronte sola el aborto; la mayor parte de las parejas se separan a consecuencia de él. La licencia para abortar no ha proporcionado libertad ni seguridad a las mujeres. Más bien, ha traído una nueva era de irresponsabilidad -que ahora empieza antes del nacimiento- hacia las mujeres y los niños. (…)

Hace falta un planteamiento nuevo, un planteamiento que no enfrente madre contra hijo. No hace falta legalizar el aborto para instaurar la justicia y promover el bienestar social. Lo que se necesita son políticas responsables que protejan y favorezcan los intereses de las madres y de sus hijos, antes y después del nacimiento; políticas que den la máxima protección legal posible al no nacido y la máxima atención y ayuda posibles a las mujeres embarazadas.

Nuestra tradición de valores y nuestra tradición política coinciden en el respeto a la dignidad de la vida humana. Así, nuestras tradiciones y nuestro derecho prohíben matar excepto en caso de legítima defensa. Análogamente, todas las leyes actuales protegen al no nacido, también la vida de la madre, que afortunadamente hoy, el embarazo rara vez es una amenaza su vida o la salud del niño. Tal como lo manifestaron más de mil médicos en la “Declaración de Dublin sobre salud materna” de septiembre del el año 2012. Nuestras leyes actuales, ya preveen esos casos excepcionales y autorizan las acciones médicas necesarias para salvar la vida de la embarazada, incluso cuando de ellas se siguiese inevitablemente la muerte del no nacido. (…)

Hace falta una política que responda más adecuadamente a las tradiciones y convicciones del pueblo hondureño. Tendrá que tomar en serio las necesidades de las mujeres que por sus circunstancias sociales y económicas podrían estar tentadas a optar por la “solución” fácil y equivocada del aborto. Tendrá que reconocer nuestra común responsabilidad, tanto en la vida pública como en la privada, de facilitar a esas mujeres alternativas realistas al aborto. Tendrá que ayudar a esas mujeres a cuidar de sus hijos, si deciden hacerse cargo de ellos, así como a encontrar hogar para los que ellas no puedan cuidar. Tendrá que procurar que la madre y el hijo tengan una vida digna antes y después del nacimiento.

En resumen, podemos y debemos adoptar soluciones congruentes con la dignidad y el valor de todo ser humano, y que partan de la base de que la sociedad tiene el deber de poner en práctica políticas que favorezcan verdaderamente a las mujeres y a los niños. Lo que queremos es una sociedad y unas políticas que ayuden a las mujeres que tienen dificultades para llevar a término el embarazo eliminando las dificultades, no al hijo.

La retórica abortista contiene una verdad que muchos abortistas olvidan. El aborto es una cuestión de elección. Pero no es una “elección” a la que se enfrenta una mujer sola en el ejercicio de sus derechos individuales. Es una elección a la que nos enfrentamos todos los ciudadanos de Honduras. Y la opción que tomemos, deliberada y democráticamente, será una respuesta elocuente a estas dos preguntas: ¿qué clase de sociedad somos?; ¿qué clase de sociedad seremos?

Si abandonamos el principio del respeto a la vida humana, haciendo depender el valor de una vida a que alguien la considere valiosa o deseada, nos convertiremos en un determinado tipo de sociedad que tal vez no es la que deseamos la mayoría de los hondureños.

Al igual que la esclavitud, el aborto plantea las más elementales cuestiones sobre la justicia, que no se pueden eludir, ni se pueden resolver mediante una decisión personal: ¿Quién merece ser protegido? ¿A quién se reconocen sus derechos? ¿A quién se respeta su dignidad humana? ¿Del bienestar de quién se responsabiliza la sociedad? Estas preguntas entrañan profundos temas de moralidad personal y pública. Su solución -y el modo como se debatan- definirán la Honduras de los próximos años.

Podemos optar por reafirmar nuestro respeto a la vida humana. Podemos optar por volver a extender nuestra protección a todos los miembros de la familia humana, incluidos los no nacidos. Podemos optar por prestar atención efectiva a madres e hijos. En sus manos, estimados representantes del pueblo, está la decisión de optar por promover una sociedad con justicia inclusiva para todos.

Tegucigalpa, 23 de abril de 2017

Juan Carlos Oyuela Pavón