Juan Pablo Muccilli | DerechaDiario.com.ar 

Impulsada por el Partido Demócrata, el Congreso californiano aprobó la Legislación SB 132, que le permite a los prisioneros varones pedir un traslado a cárceles femeninas solamente con decir que “se sienten mujer”.

En el último año hubo alrededor de 261 solicitantes de traspaso a cárceles femeninas por parte de reclusos varones en el Estado de California, según datos del Departamento de Correcciones y Rehabilitación (CDCR).

Estas solicitudes de cambio de cárcel surgieron a raíz de una nueva legislación que rige desde el año pasado en el Estado del oeste. La Legislación SB 132, otorga a los reclusos que se identifiquen como transgénero, intersexual o no binarios, el derecho a elegir una cárcel de hombres o de mujeres para cumplir su condena.

En California, actualmente el 1% de los presos se identifica en alguna de las categorías de género que contempla la legislación, es decir unos 1.200 reclusos. Políticos del Partido Republicano de California advierten que muchos presos se están aprovechando de esta ley para decir que han cambiado de género solamente para poder cumplir su condena en un espacio menos violento.

Hasta el momento se han trasladado 4 reclusos a una cárcel femenina, y se han aprobado otras 21 solicitudes todavía a concretar, sin ninguna denegación. Si el sistema penitenciario no pone un freno a esta práctica, se podrían dar grandes oleadas de traslados a cárceles femeninas cuando más y más prisioneros se den cuenta que pueden hacerlo.

Según los abogados de muchas de las reclusas mujeres, hay una enorme preocupación por la llegada de hombres a sus pabellones, ya que tienen miedo de la potencial violencia sexual. Incluso aseguran que los guardias les han advertido, diciéndoles que “se preparen para lo peor”.

Varios reclusos que de verdad son transgénero y permanecen en las cárceles de hombres sostienen que el problema es frecuente. Nina McQueen, de 48 años, un hombre transgénero en Mule Creek, le ha dicho a su abogado que conoce al menos a cinco reclusos que solicitaron ser transferidos con falsos pretextos y que el personal le ha pedido que ayude a identificar a dichos internos. 

“Querían que yo estuviera en un entorno confidencial para decirles quién es transgénero y quién no, para poder impedir que algunos de estos hombres vayan a la prisión de mujeres”, relató. “Les dije que no tengo ningún problema con eso… Pero que sentimos que se están aprovechando de la situación”.

El portavoz del sistema penitenciario, Terry Thornton, alegó que “la identidad de género de una persona es auto informada y que el CDCR evaluará cualquier solicitud presentada por un individuo encarcelado para obtener vivienda basada en el género”. 

Thornton reveló que desde el sistema penitenciario solicitaron varios millones de dólares al gobernador demócrata Gavin Newsom para poder implementar la ley, pero que les fue denegado. Ante esta falta de presupuesto, por ahora han aceptado todas las solicitudes ya que no tienen la capacidad de identificar fehacientemente quién es transgénero y quien está simulando para lograr su traslado.

Consultadas por los medios locales, algunas reclusas mujeres han expresado su opinión. Tomieka Johnson, una reclusa del Centro de Mujeres Chowchilla, afirmó que sería “muy peligroso” vivir con personas transgénero que no se sometieron a una cirugía de afirmación de género. “Creo que deberían estar a salvo, pero esto también infringe mi derecho a estarlo”, remarcó.

Para Jasmine Jones, asistente legal del Transgender Gender-Variant & Intersex Justice Project, la ley debería haberse centrado primero en aquellos que han hecho la transición quirúrgica o están en proceso de ello, antes de permitir el beneficio a otros.

Otro gran problema que surge es que, a pesar de la defensa que se quiere hacer de esta ley apelando a la rigurosidad del proceso de evaluación, la realidad es que si la CDCR anula algún traspaso por identidad de género, correría el riesgo de ser denunciada por transfobia, una entelequia legal que ya existe en el Estado de California.

Es decir, un recluso que tenga una petición rechazada por este motivo, podría apelar judicialmente, y tendría los amparos legales para ganar su caso, y lograr el traspaso, o incluso, una reducción en su actual pena por haber sufrido un “abuso” en el sistema penitenciario.

Hace varios años se puede ver en los países del “primer mundo” cómo los dogmas de género han dejado la esfera teórica y académica para tomar el poder real desde los aparatos estatales y llegar a la práctica. Lo que ocurre en California, y se replica en otros Estados norteamericanos, Canadá, y algunos países de Europa, es exactamente lo que ocurre cuando la izquierda ideológica tiene rienda suelta para aprobar las leyes que quiera, sin oposición conservadora.

Por Juan Pablo Muccilli – LaDerechaDiario.com.ar