Mario E. Fumero
El gobierno de Honduras ha enfrentado en los últimos 40 años fuertes reclamos y presiones de los dueños de los transportes públicos, los cuales han extorsionada al estado tomándose las calles y bloqueando el tránsito con el fin de exigir los beneficios del subsidio, sin embargo, ellos no han cumplir con muchas de las demandas dadas por el estado respecto a las mejoras de las unidades y evitar el sobrecargan de pasajero las unidades, y, además, violan todas las normas de tránsito existentes.
Estos grupos de transporte público privados actúan con un criterio muy oportunista, sin cumplir las normas de seguridad y de dar una buena asistencia a los pasajeros, pero, sin embargo, reclama al estado un bono de subsidio, y cuando no lo tienen, bloquean las calles y entorpecen la circulación pública. Es bueno aclarar que muchos dueños de transporte no tienen funcionando sus unidades, y algunas están en muy malas condiciones, pero si quieren que el gobierno les pague, sin cumplir los requisitos establecidos en los convenios. Tristemente el gremio del transporte es un grupo muy poderoso, que tiene las armas para producir un anarquismo social.
El rubro del transporte, las motos cargas, y los buses, son los causantes de la mayoría de inflaciones de tránsito, accidentes mortales y el caos de la circulación del tránsito en la ciudad de Tegucigalpa y San Pedro Sula, ya que andan como locos peleándose las rutas, y dejando a los pasajeros en donde les dé la gana, y sí la dirección de tránsito tratara de poner orden, lea pueden hacer una huelga y armar un caos a nivel nacional.
Es bueno que las autoridades del país, principalmente la presidente del país Xiomara Castro tome en cuenta que la mayoría de las grandes naciones del mundo, sean capitalistas o socialistas, patrocina los servicios públicos de transporte, el cual le facilita al pueblo moverse a los trabajos en su diario quehacer, y aunque no se prohíbe el derecho de la existencia de transporte privados, es el Estado el encargado de garantizar el servicio público para cubrir las necesidades de sus ciudadanos. Esto ofrece varias ventajas, evita el monopolio de la empresa privada sobre el transporte, principalmente en las ciudades, mantiene los costos bajos, de derechos y preferencia a la tercera edad, y ofrece tarifas coherentes con la realidad de cada ciudad.
Cuando viajamos a ciudades tales como Nueva York, Madrid, París, Berlín, Oslo Moscú, etcétera, nos encontramos con un servicio público manejado por las ciudades muy eficiente. Honduras es uno de los pocos países de América Latina que carece de un servicio público de transporte atendido por las municipalidades o el gobierno. Esto ha dado lugar para que exista en entorno al transporte grandes mafias, es causante de la crisis actual de violencia en este rubro porque incluso se comenta tras bastidores, que la extorsión parte de la lucha entre los dueños del transporte y las maras alineadas a algunos de estos grupos organizados que controlan ciertos sectores de la ciudad.
Es un deber del Estado la sociabilización del transporte público, por lo cual debe establecer un sistema de transporte público en las municipalidades grandes, y bajo el control del Estado, sin prohibir el derecho a que también existan empresas privadas, porque siempre que hay competencia, automáticamente el pueblo tiene más opciones, y se evitan la creación de monopolios que son los que a veces oprimen a las clases más desposeídas.
Espero que la alcaldía de Tegucigalpa y San Pedro Sula, que son las ciudades con más conflicto de servicios públicos, comiencen a plantearse la necesidad de establecer un sistema público de transporte que pueda evitar la hegemonía y el control de los grupos privados, los cuales violenta las leyes de tránsito, dan un mal servicio y tienen el poder de paralizar al país afectando cada vez más su endémica economía.
La libertad de uno, no debe privarle el derecho a otro, y si el gobierno cede a los chantajes de estos grupos, y se deja torcer la mano por estos intereses, no sólo sufrirán ellos el desprestigio, sino que las clases más desposeídas sentirán los efectos desastrosos de toda esta situación. El Estado tiene el derecho de proporcionar a los ciudadanos una forma segura, barata y coherente a su movilidad, sin permitir que intereses creados de índole particular puedan perjudicar la economía nacional.
Unidos Contra la Apostasía 