Mario E. Fumero

Una de las características de nuestra sociedad es la pérdida del respeto y del concepto de autoridad dentro de la estructura familiar. No cabe duda de que, en los últimos cuarenta años, ha habido un deterioro acelerado de la autoridad de los padres sobre los hijos. Como consecuencia, ha aumentado el irrespeto de los hijos hacia sus padres y, por ende, hacia toda autoridad secundaria, como la que representan los maestros en los centros educativos.

Recientemente se dio el caso de una maestra que, en un momento de ira, actuó incorrectamente con una alumna, hecho que se convirtió en un fenómeno viral en las redes sociales. Sin embargo, poco se ha difundido en los medios de comunicación sobre los numerosos casos en que algunos alumnos han amenazado a maestros o los han chantajeado para que les aprueben exámenes que habían reprobado. También se han registrado agresiones físicas y verbales contra docentes. No cabe duda de que uno de los mayores problemas que enfrentan hoy los educadores es la pérdida de autoridad y el irrespeto de muchos alumnos, quienes, en algunos casos, actúan sin límites ni consecuencias.

¿Por qué los padres han perdido el control de sus hijos y por qué los maestros enfrentan este creciente irrespeto? Existen diversos factores, pero dos sobresalen. El primero es el aumento de los hogares disfuncionales, donde la ausencia del padre o de la madre coloca al menor en una situación de mayor vulnerabilidad frente a las influencias negativas del entorno. El segundo es el énfasis desproporcionado que, según algunos críticos, se ha dado a los derechos de los menores sin promover, con igual fuerza, sus deberes y responsabilidades.

Honduras ha suscrito la Convención sobre los Derechos del Niño, promovida por UNICEF, la cual reconoce diversos derechos para la niñez. Algunos consideran que determinadas interpretaciones de estos derechos han limitado la autoridad de los padres para ejercer disciplina y orientación sobre sus hijos.

Permítanme ilustrarlo con un ejemplo. En una ocasión, un hermano de la iglesia me pidió consejo respecto a su hijo de quince años, quien había reprobado una materia por negarse a estudiar. El padre decidió no permitirle salir durante el fin de semana para que dedicara ese tiempo a prepararse. El muchacho respondió que, si le impedía salir, lo denunciaría ante la Fiscalía por violar su derecho a la libre circulación y asociación.

En 1999, el fallecido alcalde de Tegucigalpa, el doctor Castellanos, emitió una ordenanza municipal que prohibía a los menores de dieciocho años circular después de las nueve de la noche, salvo que estuvieran acompañados por un adulto. Poco tiempo después, la medida fue revocada tras cuestionamientos de organismos defensores de los derechos humanos, que consideraban que restringía la libre circulación de los menores.

Otra experiencia similar ocurrió cuando la entonces primera dama, Aguas Ocaña de Maduro, impulsó un programa para recoger a niños en situación de calle que inhalaban pegamento, con el propósito de trasladarlos a hogares de rehabilitación. Según mi percepción de aquellos hechos, surgieron objeciones legales relacionadas con la necesidad de respetar determinados procedimientos y derechos de los menores, lo que dificultó la ejecución de esa iniciativa.

Actualmente, muchos centros educativos de Honduras, especialmente algunos del sistema público, enfrentan graves problemas de disciplina, violencia, consumo y venta de drogas, así como el reclutamiento por parte de pandillas. Todo ello afecta seriamente el ambiente de aprendizaje y debilita la autoridad de los docentes.

¡Qué diferencia con los centros educativos de El Salvador, donde se exige a los alumnos asistir correctamente uniformados, expresarse con respeto y mantener una conducta disciplinada hacia sus maestros! Allí se ha procurado recuperar una autoridad que en muchos lugares se había perdido.

¿Habrá esperanza para que Honduras devuelva a los maestros el respeto y la autoridad que tenían hace cuarenta años? ¿Dónde quedaron los actos cívicos y el respeto hacia los docentes que caracterizaban las décadas de los sesenta y setenta? ¿En qué ha fallado el Estado frente a la problemática de la niñez y la adolescencia?

Lo ocurrido recientemente con una maestra no es un hecho aislado; constituye una muestra de la profunda crisis de disciplina, respeto y autoridad que atraviesan muchos de nuestros centros educativos. Recuperar esos valores es una responsabilidad compartida entre la familia, la escuela, la sociedad y el Estado. Sólo así podremos formar ciudadanos responsables y construir una nación más ordenada y respetuosa.