Mario E. Fumero
El problema de la delincuencia y la inseguridad ciudadana en Honduras tiene raíces muy profundas. Una de las áreas que merece especial atención es la situación de los centros destinados a la rehabilitación de menores infractores. Si estos establecimientos no cumplen verdaderamente una función educativa y rehabilitadora, corremos el riesgo de que se conviertan en verdaderas escuelas de perfeccionamiento del delito, donde un menor puede ingresar por una falta relativamente menor y terminar relacionándose con jóvenes involucrados en delitos mucho más graves.
En el Proyecto Victoria, que funciona bajo un régimen abierto, atendemos a jóvenes remitidos por los juzgados de menores a través del INAMI. Recientemente vivimos una experiencia que nos hizo reflexionar seriamente sobre lo que puede estar ocurriendo dentro de algunos centros estatales de internamiento para menores infractores.
Hace poco recibimos a un menor remitido por un juzgado debido a su vinculación con pandillas. Sin embargo, el joven solicitó ser trasladado a Jalteva o Renaciendo, centros estatales para menores infractores. Lo sorprendente fueron las razones que dio: afirmaba que allí gozaría de mayores privilegios y libertades que en el Proyecto Victoria. Se quejaba de que nosotros ejercíamos demasiado control, pues no le permitíamos realizar llamadas telefónicas libremente ni tener acceso a determinados artículos prohibidos por nuestras normas internas.
Posteriormente recibimos la visita de una jueza y una fiscal de menores y les comentamos lo sucedido. Según lo que nos manifestaron durante aquella conversación, existían serias dificultades para ejercer un control efectivo dentro de algunos de estos establecimientos. Nos hablaron de privilegios concedidos a los internos, pues tenían televisión y ventiladores, y de las dificultades que enfrentaba el personal encargado de supervisarlos.
Si estas condiciones persisten, estamos frente a una situación sumamente preocupante. Un centro de internamiento juvenil no puede estar sometido a las reglas impuestas por los propios internos ni convertirse en un lugar donde estructuras criminales ejerzan influencia. La autoridad debe estar en manos de las instituciones responsables, siempre dentro del respeto a los derechos y la dignidad de los menores.
He tratado por diferentes medios de comunicar esta preocupación a las autoridades competentes y al Congreso Nacional. Lo que necesitamos dentro del sistema de justicia juvenil es una mayor supervisión y, sobre todo, verdaderos programas de rehabilitación y modificación de conducta. Privar de libertad a un menor sin ofrecerle educación, disciplina, tratamiento, capacitación laboral y orientación para reconstruir su vida difícilmente resolverá el problema.
La experiencia de Honduras con sus centros penitenciarios demuestra lo difícil que resulta recuperar el control institucional una vez que las estructuras criminales adquieren poder dentro de ellos. En diferentes administraciones se han intentado establecer mayores controles y eliminar privilegios considerados incompatibles con un verdadero régimen penitenciario. Sin embargo, muchos de estos esfuerzos no han logrado producir cambios permanentes. Esto nos obliga a formular una pregunta fundamental: ¿para qué encerramos a un menor infractor? ¿Para castigarlo simplemente? ¿Para aislarlo temporalmente de la sociedad? ¿O para procurar que, cuando vuelva a ella, sea una persona diferente? La respuesta debería ser clara: para rehabilitarlo.
La rehabilitación exige disciplina, pero también educación, tratamiento psicológico, formación espiritual y moral, capacitación para el trabajo, fortalecimiento de los vínculos familiares y establecimiento de límites claros. Los derechos del menor deben ser respetados, pero esos derechos no pueden confundirse con ausencia de normas, responsabilidades o autoridad.
Después de tantos años trabajando con jóvenes afectados por las drogas, las pandillas y la delincuencia, he aprendido algo fundamental: al joven no solamente hay que apartarlo del delito; hay que ofrecerle una alternativa de vida. Si un muchacho entra en un centro por un delito menor y sale convertido en miembro activo de una estructura criminal, el sistema no lo rehabilitó: fracasó con él y también con la sociedad.
Por eso considero urgente realizar una revisión profunda e independiente de los centros de menores infractores de Honduras: determinar quién ejerce realmente el control dentro de ellos, qué objetos y comunicaciones tienen los internos, qué programas educativos y terapéuticos reciben y, principalmente, cuántos jóvenes verdaderamente logran rehabilitarse. No necesitamos centros que simplemente almacenen menores infractores. Necesitamos instituciones capaces de rescatarlos antes de que terminen convirtiéndose en delincuentes adultos.
Y si existen intereses, corrupción o estructuras criminales que obstaculizan ese propósito, corresponde a las autoridades investigarlos, documentarlos y aplicar la ley. No debemos atribuirlo simplemente a «poderes ocultos» sin demostrarlo; debemos exigir que se investigue quiénes son los responsables y por qué los intentos de reforma no han producido los resultados esperados. Porque cada menor que podamos rehabilitar hoy puede significar un delincuente menos y un ciudadano recuperado para Honduras mañana.
marioeduardofumero@gmail.com
