Unidos Contra la Apostasía

Mario E. Fumero
En los últimos diez años hemos visto como los centros de menores infractores se ha convertido en un caos social que tiene al estado en jaque mate. Cada rato los menores es fugan, se matan, forman tumultos,
y mantienen esos centros en una condición terrible. En realidad
quienes gobiernan en los centros de menores, tanto en el Carmen, de San Pedro Sula, como en Renaciendo, en Tegucigalpa, son los mismos
internos, que tienen sometido al personal del mismo a sus caprichos y
deseos.
Lo que está fallando en estos centros es todo el sistema, desde unas
leyes muy proteccionista del menor infractor, hasta una falta de
tecnificación en la clasificación de los delitos que cometieron estos
menores. Conviven delincuentes especialistas, como son los
extorsionadores y sicarios, con jóvenes que fueron capturados por
consumir drogas, o realizar un robo pequeño, o adoptar una rebeldía
social. Nunca se han usado técnicas rehabilitativas clasificatorias
para manejar a los menores infractores, según el nivel de penetración
en la delincuencia y su capacidad psicométrica.
Todos sabemos que muchos detenidos en estos centros pertenecían a
grupos antisociales, y aunque están internados en los mismos,
mantienen una estrecha relación con sus grupos, fuera del recinto. El
personal que trabaja en estos centros son víctimas de la extorsión y
las amenazaba de parte de los menores que los intimidan, amenazando a
su familia, o sobornándolos con dinero, para que hagan lo que ellos
les piden. Detrás de muchos menores hay una estructura poderosa
delincuencial. Es por ello que todos los que trabaja en los centro de
menores se ven obligados, por temor o soborno, a venderse a los
cabecillas que se encuentra internado en los mismos, muchos de ellos,
con antecedente criminales que los puede colocar como psicópatas
sociales.
Tratar de hacerle entender al gobierno la formas técnicas de una
rehabilitación parece que no tiene sentido, y es misión imposible. No
todos los menores son iguales, ni tampoco sus delitos. Debemos de
establecer un esquema técnico y evaluativo para poder determinar cada
caso en particular. Hay menores infractores de delitos leves, y
creemos que a través de un proceso orientativo, dentro de un programa
de régimen abierto, se les podría ayudar a modificar su conducta y
cambiar sus actitudes. Otros casos más graves, como los que cometen
delitos repetitivos, sin agresión o muerte, puede ser llevado a un
régimen cerrado en donde se le ofrezca un proceso alternativo para la
modificación de conducta. Y para aquellos casos de delitos graves, que
envuelva muerte y agresión física, se debe tener un centro de máxima
seguridad, en donde no sólo se les debe aplicar un método de
modificación de conducta, sino también un método de desprogramación
psicológica, porque estos menores han sido programados e
insensibilizados para cometer delitos graves con conciencia de hecho,
los cuales  a sabiendas que el sistema jurídico existente los protege,
ejecutan acciones que si lo hiciera un adulto, las penas serian
terribles, pero ellos saben que por ser menores de 18 años, los van a
tratar como niños inocentes.
Mientras se modifiquen las leyes, y clasifiquemos los delitos según su
gravedad, así como la vialidad sociológica de cada menor, estaremos
viviendo el caos que hoy viven todos los centros de menores, y
convertiremos los mismos en una universidad para el crimen organizado.